El equipo especial Lava Jato tiene 10 nuevos colaboradores eficaces, que fueron imputados por presunto lavado de activos en la investigación por el financiamiento de las campañas presidenciales de Keiko Fujimori, pero que luego se acogieron a esta figura y entregaron información relevante para el caso al despacho del fiscal José Domingo Pérez Gómez, con el fin de lograr beneficios durante el proceso y en una eventual condena.
"Se han obtenido elementos importantes y valiosos que contribuyen en la investigación, y no solo por los testimonios en sí, también por los documentos proporcionados", dijeron fuentes del Ministerio Público que cita La República.
Agregaron que toda la nueva información está especificada y explicada en las carpetas que el fiscal Pérez Gómez remitió al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, a cargo del juez Víctor Zúñiga Urday.
"Se trata de un gran avance que refuerza la hipótesis de la Fiscalía", subrayan en la fiscalía, al precisar que los nuevos testigos claves ya han declarado formalmente y que cada ha recibido el respectivo código de confidencialidad.
Entre nuevas personas acogidas a la colaboración eficaz figuran exintegrantes de Fuerza Popular, que eran muy cercanos a la cúpula de Keiko Fujimori, por lo que fueron testigos directos de los hechos, con acceso a documentación relevante.
El citado juez aún debe aprobar las solicitudes de colaboración eficaz para que los nuevos testimonios se incorporen a la investigación abierta contra Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama Tanaka, Pier Figari Mendoza, Augusto Bedoya Cámere, Ana Herz de Vega y Luis Mejía Lecca, entre otros miembros de la cúpula fujimorista durante las elecciones presidenciales de 2011 y 2016.
En su solicitud, la fiscalía ha precisado, según La República, que las declaraciones de los nuevos testigos claves fueron corroboradas y contribuyeron a confirmar la imputación del fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori y otros dirigentes de su partido.
Según la tesis del Ministerio Público, las campañas de la dos veces candidata a la Presidencia recibió fondos de origen que desconocido, probablemente ilícito, por lo que la cúpula de su partido estructuró, dentro de este, un sistema para encubrir el dinero y lavarlo con falsos aportantes.
Keiko Fujimori y su abogada, Giulliana Loza, insisten en negar que el partido haya recibido dinero de Odebrecht, ni por intermedio de una o varias personas, como lo asegura Jorge Barata, pero lo cierto es que la fiscalía tiene información acreditada que lo confirma.
Por ejemplo, posee documentos sobre transferencias de dinero, identificación de cuentas bancarias, direcciones donde se registraron entregas de dinero, personas que sirvieron como falsos aportantes que ya declararon y confirmaron que solo prestaron sus nombres y testigos sobre el presunto conocimiento que tuvo Keiko Fujimori de los hechos.
Incluso Barata, en el último interrogatorio al que fue sometido esta semana en Sao Paulo, ratificó que Odebrecht entregó US$ 1.2 millones de su Caja 2 (dinero sucio) para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011. El exsuperintendente de la constructora en Perú reiteró que fue el exjefe de la campaña de Keiko y tesorero del partido Jaime Yoshiyama Tanaka quien coordinó el desembolso de ese dinero en efectivo. Entregó documentación que acredita en principio el desembolso de medio millón de dólares y se comprometió a entregar en breve el resto.
Según la investigación fiscal, parte de ese dinero, Jaime Yoshiyama Tanaka se lo entregó en efectivo a su sobrino Jorge Yoshiyama Sasaki, para que organizara un esquema de falsos aportantes. El mismo Yoshiyama Sasaki lo confesó ante el despacho de Pérez Gómez.
En este contexto, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema anunció que dará a conocer este viernes su decisión sobre el recurso de casación presentado por la defensa de Keiko Fujimori, para revocar la orden de prisión preventiva de 36 meses que cumple desde octubre del año pasado, por los intentos de obstruir el trabajo de la fiscalía. El despacho de Pérez Gómez confía en que se ratifique la medida.
DATO
► El 31 de julio último el fiscal José Domingo Pérez emitió la Disposición N° 113 que decreta la inclusión del partido Fuerza Popular, como persona jurídica, en la investigación por presunto lavado de activos que se sigue contra Keiko Fujimori y otros, basándose en las normas sobre Organización Criminal y Lavado de Activos.