¿Asesinato por encargo? Ingeniero agrónomo que tenía fundo en Islay fue baleado en la puerta de su casa hace 21 años. El hecho nunca se esclareció, pero, para su hijo, grupos de poder mandaron a aniquilarlo. Guillén entabló procesos a Southerncuando sus propietarios eran estadounidenses.
Arequipa. Un disparo interrumpió la tranquilidad del distrito de Cayma. El sonido hizo que Andrés Manrique se asomara por su ventana. Vio que varios tipos presurosos se subían a una unidad y emprendían una desesperada fuga, dejando en el suelo a un hombre que se desangraba. Manrique salió de su casa y se percató de que el herido de muerte era su vecino. La víctima le mostró el pantalón con sangre: “Me han jodido”, le dijo Carlos Guillén Carrera, un ingeniero agrónomo conocido porque denunció a la minera Southern por contaminación ambiental en el valle de Tambo, Islay. En esa época, la transnacional seguía bajo el mando de empresarios estadounidenses.
Era la noche del 2 de octubre de 1998 y Guillén estaba encima de la tolva de su camioneta, que viajaba presurosa hacia el hospital de la Policía, pero lo derivaron al nosocomio del Seguro Social. El balazo traspasó la ingle izquierda y del orificio emanaba bastante sangre. “Me han baleado… me voy a morir, ¡carajo!”, advertía el ingeniero. El ataque contra Guillén se cometió a las 19:30 horas y solo resistiría con vida 45 minutos más. Mientras era conducido al último establecimiento, falleció. Literalmente, se desangró.
“Querían asesinarlo. Hay formas de dejar la marca de un asesinato… pero hay partes vitales en las que se dispara y se sabe que esa persona va a morir”, sostiene el hijo del ingeniero, Carlos Guillén Velásquez. Para él, el crimen fue premeditado: la camioneta nueva permaneció intacta con la llave en el contacto y los pantalones bañados de sangre contenían fuertes cantidades de soles y dólares.
La noche del crimen, Manrique fue la última persona en verlo. No recuerda que le haya mencionado las amenazas de muerte que decía recibir, pero alguna vez le mostró videos de cómo se caían las hojas de los olivos en Tambo por los humos de la fundición de Ilo, de propiedad de Southern, que provocaba enormes pérdidas a los agricultores desde la década de los 60. El finado sabía conceder entrevistas, en una de ellas advirtió: “Quiero decir al pueblo de Ilo (Moquegua) que Carlos Guillén está con ustedes. (…) No tengo temor de que me manden a matar. No creo que lo hagan porque sería demasiado evidente”.
El acusado
Al día siguiente de que Guillén muriera, Maricelo Macedo le comentaba a su esposo, Benjamín Palma Paz, del caso que salía en las primeras planas de los diarios: “Este creo que es el señor con que hemos tenido la discusión. ¿Te acuerdas?”. “Creo que es”, le contestó. Palma no le dio más importancia. Al menos esa sería la versión que dio para defenderse y decir que él no lo mató.
En agosto, meses antes del crimen, Palma se enfrentó verbalmente con Guillén en un estacionamiento de la Av. Ejército. Testigos del incidente contaron que en la discusión lo amenazó. Palma aceptó que lo insultó porque le faltó el respeto a su esposa, pero que amenazas no hubo.
Aún así, el 18 de diciembre de 1998, Palma fue capturado por miembros de un grupo especial de efectivos de Lima como el principal sospechoso del asesinato. El altercado pesó, pero también que la placa del auto de su cuñado, Daniel Macedo Ordóñez, estuviera anotada en la libreta de Guillén junto a la palabra “sospechoso”. Además, una testigo reconocía a Palma como el que hacía reglaje frente a la casa del ingeniero. La suerte de Palma parecía estar echada.
Sin embargo, ese mismo mes, un asalto daría otro ingrediente al caso que tenía como primigenios móviles la venganza y el secuestro. Panetón y sus Hienas, una banda especializada en asaltar bancos y matar policías a lo largo del país, daba un golpe a la empresa Alicorp en Arequipa. Pruebas balísticas concluyeron que los casquillos del proyectil de 9 milímetros, usado en esa acción, coincidían con el encontrado en la escena del crimen de Guillén. Es decir, el arma de fuego que mató al ingeniero fue la misma del asalto.
Cuando fue capturado el líder de la organización, Luis Mansilla Paiva, alias Panetón, cantó: el arma que usa balas de 9 mm era la de uno de sus compinches, Eduardo Cavani Lari alias Gato Cavani. Con ello las indagaciones se amplían a Panetón y sus Hienas, pero sin excluir a Palma.
Trabas y testimonios
"Asesinato por encargo. ¿Quién lo pagó?, no sé si fue Southern o el Estado", asevera Carlos Guillén hijo sobre el caso de su padre. Su conclusión no solo la saca porque el expresidente Alberto Fujimori le dijera que el ingeniero "se metió con gente muy poderosa". También, hubo trabas de todo tipo para que llegue a la verdad. Los policías encargados de la investigación eran rotados, para que no tuvieran comunicación entre ellos. El viaje de un grupo especial de la Policía de Lima de incógnito fue revelado por los medios. Alguien quería poner en alerta a los interesados.
Sin embargo, no solo de grupos de poder venían las sospechas de conspiración. Valeriano Torres Vivanco, un avezado delincuente, ante la policía manifestó que, mientras estuvo en Arequipa, a fines de septiembre de 1998, escuchó que en el mundo del hampa se hablaba de que “había gente que iba a hacer un trabajo grande para una empresa extranjera grande”. También, Luis Enrique López Iriarte, integrante de Panetón y sus Hienas, declaró que sus compinches Sergio Tarrillo y Eduardo Cavani le contaron que dieron muerte a una persona importante en Cayma.
No obstante, el único que fue a la cárcel fue Palma. El Tribunal Militar de Arequipa lo sentenció a 30 años de prisión por el delito de terrorismo agravado por la muerte de Guillén, el 31 de mayo de 1999. Este fuero vio el caso, debido a que en el asesinato se usó armamento de guerra. Ese día Palma no pudo evitar quebrarse ante la decisión. Los periódicos lo retrataron tomándose el rostro. Permaneció cerca de 15 meses en el penal. Tras la apelación al Consejo Supremo de Justicia Militar, este declaró nula la pena en vista de que no se logró probar que integrara una organización criminal en el 2000.
“Fui el chivo expiatorio”, sostiene Benjamín Palma 21 años después. Para él, este caso fue una tragedia. “Soy inocente, la policía misma sabía que yo no tenía nada que ver”, asegura. Cuenta que, cuando estuvo detenido, lo golpearon para que se autoinculpe.
Minero americano en Perú
Ante la anulación de la sentencia, la familia de Guillén siguió batallando. El proceso se abrió en el ámbito civil y Carlos Guillén hijo presentó ante la Fiscalía un pedido (2003), para que el expresidente de Southern, Charles G. Preble, sea incorporado en la investigación como el autor intelectual del crimen. Para él había razones de peso. La más fuerte es lo dicho por la fiscal de Mollendo, Lourdes Rejas Mejía, versión que ratificó después ante el Ministerio Público. Ella se encontró al ecologista, como algunos lo llamaban, y este le comunicó preocupado que “si algo le sucedía, era por mandato de Southern”. Dos días después, Guillén era baleado.
Rejas tuvo en sus manos la última denuncia que hiciera contra Southern y que finalmente archivó por presiones. El caso incluso ameritó la presencia en su oficina de Preble, que le anticipó la modificación de una norma con la que debía encarpetar el caso.
El 1 abril de 1999, cinco meses después del asesinato de Guillén, Preble se despedía del Perú tras 34 años de estar en la transnacional y con varias condecoraciones bajo el brazo. Meses después, Grupo México se haría cargo de la minera; mientras que las investigaciones no hallaron culpables del crimen, la fiscal Rejas falleció y del Gato Cavani no hay rastro.
El día que el expresidente de Southern fue citado
En la última denuncia que entablara Carlos Guillén por la contaminación en el valle de Tambo, debido a los humos que emitía la fundición de Ilo, el juez convocó al entonces presidente de Southern de grado o fuerza.
Charles G. Prebles, máximo directivo de la transnacional, estaba denunciado por presuntos daños ecológicos a los recursos naturales en agravio del Estado por el denunciante Guillén. La citación fue dada por el juez de Islay (Mollendo), Antonio Valdivia García, y fijada para el 12 de junio de 1996. Llegado el día, Preble nunca llegó.
El juez del caso recuerda que faltaban realizar estudios científicos de los presuntos daños, para que pudiera dirimir. Sin embargo, todo se archivó ante el decreto que exigía estudios previos del Ministerio de Agricultura, para que recién se pueda hacer una denuncia.
